El país de El Salvador conmemora el segundo aniversario desde que se instauró un estado de excepción, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, quien lo ha denominado como una «guerra contra las pandillas». Esta medida ha sido fundamental para mantener al presidente en el poder, a pesar de las críticas por posibles violaciones a los derechos humanos.

El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, mayoritariamente afín al gobierno, aprobó esta medida solicitada por Bukele, suspendiendo ciertas garantías constitucionales como el derecho a la defensa, lo que ha llevado a la detención de más de 78,000 personas.

Aunque esta medida ha generado controversia por posibles abusos de derechos, ha contribuido a reducir aún más la tasa de homicidios en el país, una tendencia que ya se venía observando desde 2015, y ha aumentado la popularidad de Bukele.

A pesar de las críticas, Bukele sigue siendo muy popular, ya que algunos indicadores de violencia parecen haber mejorado en el corto plazo. Sin embargo, la falta de transparencia en las cifras y los cambios en la forma de contabilizar los crímenes dificultan evaluar el verdadero impacto de esta reducción y la prevalencia de otros delitos.

Bukele utilizó esta medida como principal estrategia de su campaña electoral para las elecciones del pasado 4 de febrero, en las cuales obtuvo una amplia mayoría. Esto le permite seguir en el cargo hasta 2029, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata.

Con el control de los tres poderes del Estado y la mayoría de diputados en el Congreso, Bukele tiene un control total del gobierno. Sin embargo, se desconoce cuándo concluirá este régimen de excepción o si se convertirá en una medida permanente.

Aunque la violencia ha disminuido bajo esta medida, algunos opositores argumentan que no hay datos oficiales reales para evaluar su impacto. Además, hay preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos y el uso de esta medida con fines propagandísticos y de control social.

A pesar de los logros en la reducción de la violencia, las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Fundación para el Debido Proceso advierten sobre la importancia de respetar los derechos humanos y buscar soluciones integrales y de largo plazo para abordar los problemas de seguridad en el país.