La divergencia entre el Ministerio Publico y querellantes sobre los bienes inmuebles y muebles que serían devueltos por seis imputados en el caso de Calamar, a los cuales se les solicitó un criterio de oportunidad, motivó el aplazamiento de la audiencia de homologación por parte de la jueza.

La nueva fecha de la vista fue prorrogada para el 25 de julio, después que incluso se les entregara a los acusados que se oponen a la negociación con el órgano acusador una resolución en la que se decidió que no tenían calidad de participar en la audiencia.

La magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, declaró inadmisible la solicitud de los acusados, encabezados por Gonzalo Castillo, cuyas defensas afirman que tienen derecho a participar en la audiencia de homologación del criterio de oportunidad para oponerse al mismo por ser «ilegal».

Los que serían beneficiados, de ser acogida la petición del Ministerio Público, con el criterio de oportunidad y se dejarían fuera del proceso penal, serían Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L.