Por Yanet Girón
En pleno siglo XXI, en un país que presume de avances turísticos, desarrollos urbanísticos y campañas de “marca país”, seguimos enfrentando una realidad vergonzosa: la falta de respeto de muchos choferes del transporte público y de cargas, quienes no solo violan las normas viales, sino también las más básicas reglas de convivencia y decencia humana.
No es un hecho aislado. A diario, en distintas paradas, esquinas o entradas de barrios de la República Dominicana, se puede observar a choferes utilizando espacios públicos como si fueran baños personales. Postes de luz, empalizadas, paredes o cualquier rincón medianamente oculto —aunque en realidad no lo es—, se convierten en urinarios improvisados. Y como si no bastara con la acción en sí, lo hacen de forma totalmente visible, sacudiéndose sus partes íntimas sin el menor pudor, como si se tratara de una rutina normalizada.
Este comportamiento no solo refleja una alarmante falta de educación, sino un profundo desprecio por el espacio común, por la dignidad de los demás y una violación flagrante de normas legales que existen precisamente para proteger la moral pública y el bienestar colectivo.
La Ley 120-99 establece sanciones claras contra los actos de exhibicionismo y exposición obscena en lugares públicos, tipificándolos como delitos que atentan contra la moral y las buenas costumbres. Asimismo, el Código Penal Dominicano, en su artículo 336, sanciona el ultraje público a la moral, contemplando penas para quienes ofendan con su comportamiento la decencia común.
Por si fuera poco, estas acciones atentan contra el derecho constitucional a un entorno limpio y digno. El Artículo 66 de la Constitución de la República Dominicana garantiza el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, equilibrado y adecuado para el desarrollo. Pero, ¿cómo hablar de entorno saludable si en cada esquina hay pestilencia y escenas grotescas normalizadas?
A esto se suma la Ley 63-17 de Movilidad y Transporte, que exige a los conductores comportarse de manera respetuosa, asegurando el orden y la higiene en los espacios públicos. Sin embargo, pareciera que para ciertos choferes, estas disposiciones no existen o simplemente no les importan.
Y la pregunta obligada: ¿Dónde están las autoridades municipales? ¿Dónde están los organismos de transporte, los sindicatos, las campañas de concienciación? La Ley 176-07, que regula el Distrito Nacional y los municipios, establece como competencia directa de los cabildos garantizar la limpieza de los espacios públicos y promover la educación ciudadana. La omisión institucional solo permite que esta práctica siga creciendo, reproduciéndose como una costumbre tolerada en la impunidad.
La ciudadanía se ve obligada a convivir con esto, a tolerarlo, a naturalizarlo… y no debe ser. Es urgente que el Estado, los gobiernos locales y la sociedad en su conjunto reaccionen con firmeza.
Educar en valores desde el hogar, formar en civismo desde las escuelas, fiscalizar y sancionar desde las instituciones, y ejercer presión desde el periodismo y la sociedad civil. Esa es la fórmula.
Porque si el respeto se pierde en la calle, lo siguiente será perderlo todo