Una adquisición de medicamentos valorada por más de RD$270 millones realizada por la pasada gestión del Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) está siendo investigada por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
Así lo informó el titular de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien indicó que esos procesos señalan que se violaron los plazos vinculados a la ley que rige la Compras y Contrataciones del Estado de emergencia.
«Estos procesos se hicieron en el marco del decreto de emergencia, existe una documentación que no es consistente porque se hizo una adjudicación primero, luego una readjudicación y después una reconsideración. Es un caso que empezamos a ver desde esta semana y sobre el cual vamos a tener una decisión próximamente”, informó Pimentel.
El funcionario también informó que esa entidad ha encontrado 308 casos para ser indagados, de los cuales 230 están en fase de revisión, razón por la que se ha fortalecido el equipo de investigaciones, reclamaciones e impugnaciones. Se han sumado recursos humanos y nuevas capacidades para resolver todas las controversias, según informó Pimentel.
El Promese/Cal fue dirigido en la pasada gestión del expresidente Danilo Medina por el doctor Enriquillo Matos. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa El Día, conducido por los periodistas Huchi Lora y Edith Febles.
Por otro lado, Pimentel se refirió al recordatorio realizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre el régimen de prohibiciones para contratar con el Estado según lo contemplado en el artículo 14 de la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, y Obras, y sus modificaciones.
Pimentel indicó que no pueden ofertar ni contratar con el Estado los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones, es decir, ministros, viceministros, directores y subdirectores, prohibición que se extiende hasta seis meses después de la salida del cargo.