La fiscal estatal de Florida, Ashley Moody, presentó una demanda contra la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, por no proporcionar información sobre las políticas que autorizan la liberación de «inmigrantes criminales» que han salido de las prisiones estadounidenses.

Su oficina interpuso una queja en un tribunal federal de Florida argumentando la falta de respuesta por parte del Gobierno frente a la solicitud formal de Florida hecha en marzo pasado para conocer las razones que impiden deportar a los inmigrantes que han cumplido su condena en las cárceles del país.

Moody señaló que la actual Administración en la Casa Blanca se niega a deportar a «inmigrantes ilegales peligrosos» una vez que salen de prisión, y agregó que el incumplimiento de su petición refleja que «no entregarán documentos que muestren este plan peligroso e ilegal de manera oportuna».