HOUSTON. — Una jueza federal extendió el jueves el plazo para la liberación de niños migrantes detenidos, mientras que los defensores de las familias afectadas temen que el gobierno establezca lo que describen como una nueva forma de separación de familias.

La jueza Dolly Gee, en Los Ángeles, accedió a la solicitud de una extensión por 10 días para la liberación de niños que han pasado más de 20 días en centros de detención familiar. En su dictamen del mes pasado en que impuso el viernes como fecha límite, Gee dijo que los centros de detención familiar “están en crisis y no hay más tiempo para medias tintas”.

Gee supervisa un pacto conocido como el acuerdo Flores, el cual rige el trato de los niños inmigrantes que están bajo la custodia del gobierno estadounidense. Su fallo no aplica a los padres detenidos junto a sus hijos. El gobierno del presidente Donald Trump ya ha indicado en la corte que no cree que deba liberarse a los padres debido a las preocupaciones sobre la rápida propagación del coronavirus en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Abogados de muchas de las casi 300 familias migrantes detenidas han advertido que los padres podrían verse obligados a elegir entre liberar a sus hijos con patrocinadores — mientras ellos permanecen bajo custodia del ICE — o renunciar al derecho de sus hijos a ser liberados en cumplimiento con la orden de Gee.

En una moción presentada la noche del miércoles, abogados del gobierno y aquellos responsables de supervisar el acuerdo Flores dijeron que ambas partes estaban en discusiones sobre una posible exención y que necesitaban más tiempo para finalizar los documentos.

Peter Schey, cofundador de la organización no gubernamental Center for Human Rights and Constitutional Law, representa los intereses de los niños detenidos bajo el acuerdo Flores. Dijo el jueves que debido a que el gobierno federal se niega a liberar a todas las familias “los padres tal vez tengan que elegir entre permanecer detenidos todos juntos o permitir que sus hijos sean liberados y entregados a familiares cercanos”.

“Hemos hecho todo lo posible… por argumentar a favor de liberar a los padres, porque eso sería lo mejor para los niños”, declaró. “Nuestra mayor preocupación es el bienestar de los niños”.

Otros abogados de padres e hijos detenidos por el ICE en Texas y Pensilvania criticaron fuertemente a Schey, señalando que cualquier proceso de exención sería similar a una nueva forma de separación de familias, la práctica que fue condenada por la comunidad internacional cuando Estados Unidos comenzó a implementarla en su frontera sur en 2018.

En una carta dirigida a Schey el jueves, señalaron que 97 niños han permanecido detenidos por al menos 20 días. Algunos son infantes, y otros han estado detenidos en compañía de uno de sus padres durante casi un año.

Miembros del personal de dos centros de detención familiar han sido diagnosticados con COVID-19. Algunos migrantes detenidos en las instalaciones de Karnes City, Texas, también han arrojado positivo a la presencia del virus.

“Está socavando la liberación de sus propios clientes”, dijo Amy Maldonado, una de las abogadas. “El retraso de 10 días y la imposición de una exención, aseguró, ”significan que permanezcan detenidos con el riesgo de infectarse de COVID por ningún otro motivo que no sea el de facilitar un proceso de separación de familias. Es inaudito que cualquier abogado de un menor asuma esta postura”.

Schey dijo que rechaza la comparación con la separación de familias debido a que, con una exención, los padres tendrán la opción de decidir si permanecen junto a sus hijos. Cuando el gobierno federal forzó a las familias a separarse, miles de padres fueron acusados de delitos federales y, en muchos de los casos, fueron deportados mientras que sus hijos fueron trasladados a instalaciones del gobierno.

AP