Otro duro revés para Álvaro Uribe y una victoria política para sus detractores. El ex presidente tendrá que esperar la segunda instancia en detención domiciliaria. Aunque en la lectura de la sentencia la juez había alabado su actitud respetuosa durante todas las audiencias, dictó medida de aseguramiento, impuso detención inmediata y una condena de doce años de cárcel por fraude procesal y soborno a testigos, la máxima posible para esos delitos. Sandra Heredia, titular del Juzgado 44 de conocimiento de Bogotá, superó incluso la petición de nueve años que había realizado la fiscalía.
La decisión ahonda aún más la polarización política y alienta el combate, con intercambio de graves acusaciones, que libran el ex presidente y Gustavo Petro en la red X desde el lunes pasado.
El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y principal demandante, logra un triunfo personal que puede catapultarlo a la cabeza de la candidatura presidencial de la extrema izquierda. Tras dedicar casi toda su vida política a denunciar a Álvaro Uribe por considerarlo un actor principal del paramilitarismo, ahora logra el viejo anhelo de los integrantes de su partido.
Con la decisión, la juez volvió a sorprender a los abogados consultados por distintos medios de comunicación. Al carecer el ex presidente de antecedentes penales y haber atendido todos los llamados judiciales, habían pronosticado que no adoptaría una medida drástica en un sistema garantista como el colombiano y cuando se trataba de la primera instancia.
La defensa del ex presidente tiene ahora cinco días hábiles para remitir la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir antes del 16 de octubre, fecha de la prescripción del caso. También estudian presentar una acción de tutela ante dicho órgano judicial para que Uribe continúe en libertad.
«Suelo decir en mis exposiciones sobre liderazgo y manejo de crisis, que las crisis más difíciles son las de afectación personal. Estas crisis personales necesitan la familia, los seres queridos, los amigos, los compatriotas convencidos que han apoyado», escribió horas antes Álvaro Uribe desde su residencia, cercana a Medellín.
También este viernes dieron a conocer una carta dirigida al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, entre otros organismos, por treinta y seis expresidentes hispanoamericanos. «Pedimos sus actuaciones para evitar que el expresidente Uribe continúe siendo víctima de un proceso penal plagado de anomalías, que ahora ha derivado en una condena judicial», reza un aparte de la misiva signada también por Mariano Rajoy y José María Aznar.
La ofensiva internacional para denunciar lo que consideran es una persecución política, seguirá con la gira de los cuatro precandidatos presidenciales del Centro Democrático por Europa y Estados Unidos.
«La condena generará un paradójico resurgimiento solidario del uribismo, lo ha victimizado y eso redundará en un respaldo masivo a su partido y sus candidatos en las elecciones», analiza para EL MUNDO Carlos Suárez, director de la firma Estrategia y Poder.
«En el juicio público más visto en la historia, el país constató la inocencia de Uribe y el montaje político que fue su proceso. En lo jurídico, el fallo aún no está en firme, lo apelan y, mientras tanto, Uribe seguirá gozando de la presunción de inocencia y siendo referente político de la oposición a Petro. Al igual que Perón, el expresidente trasciende a la mecánica política, es un imaginario colectivo».