Por Yanet Girón

En los últimos días, varias empresas extranjeras, principalmente de origen chino, han sido intervenidas y cerradas por las autoridades dominicanas debido a presuntas irregularidades en sus operaciones. Estas acciones, ejecutadas en distintos puntos del país, han despertado la atención pública y reabierto el debate sobre el control estatal y la transparencia en el sector empresarial.

Durante un recorrido reciente, se observaron dos tiendas chinas clausuradas, donde las autoridades habrían detectado faltas en permisos de operación y registros fiscales. Situaciones como estas reflejan vacíos en la supervisión institucional, ya que muchos negocios logran establecerse y operar por largo tiempo sin una inspección formal ni control técnico.

Expertos en temas económicos advierten que este tipo de prácticas afecta directamente la competencia leal. Al evadir impuestos y reducir sus costos, estas empresas pueden ofrecer productos a precios inferiores a los del comercio formal, provocando un desequilibrio en el mercado y reduciendo los ingresos fiscales del Estado.

Pero el impacto no es solo económico. Detrás de esas operaciones hay una realidad laboral que preocupa. Muchos de estos establecimientos emplean trabajadores extranjeros y dominicanos en condiciones precarias, recibiendo salarios muy por debajo del mínimo establecido y sin acceso a la seguridad social. En la mayoría de los casos, antes de cumplir los tres meses de trabajo, son despedidos sin liquidación, sin prestaciones y sin el pago correspondiente al doble sueldo o las vacaciones acumuladas.

Estas acciones, además de inhumanas, violan la legislación laboral dominicana y exponen la falta de vigilancia por parte de las instituciones competentes. Los trabajadores quedan desprotegidos, mientras las empresas continúan beneficiándose de la informalidad y del silencio administrativo.

A esto se suma la preocupación por los productos que ofrecen: muchos ingresan al país sin certificación ni control de calidad, lo que representa un riesgo para los consumidores y un golpe para los comercios que sí cumplen con las normas.

Aunque las autoridades han comenzado a realizar operativos y cierres, las medidas parecen llegar tarde. Muchos de estos locales funcionan desde hace tiempo a plena vista, lo que deja abierta la pregunta de por qué no fueron inspeccionados desde el inicio o si simplemente hubo permisividad.

La inversión extranjera es necesaria y bienvenida, pero no puede sostenerse sobre la base de la explotación laboral ni la evasión fiscal. El desarrollo económico de la República Dominicana debe estar respaldado por leyes claras, respeto a los derechos humanos y justicia social.

Los recientes cierres deben servir como advertencia y punto de reflexión. Es urgente fortalecer los mecanismos de control, garantizar condiciones laborales dignas y promover un sistema empresarial que crezca dentro de la legalidad, en beneficio del país y de su gente. (La autora es Modelo, periodista y locutora y vive en Santo Domingo Norte).