La nueva composición que tendrá el Congreso Nacional a partir del 16 de agosto, donde estarán representados seis partidos, abre una nueva etapa en la historia congresual reciente del país y amplía las posibilidades de ese organismo de cumplir su función de fiscalizador de los demás poderes del Estado.

Con el poder congresual ahora repartido entre los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Reformista Social Cristiano (PRSC), Fuerza del Pueblo, Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y Dominicano por el Cambio (DXC), se espera que el Poder Legislativa deje de ser un “sello gomígrafo”.

Las expectivas están cifradas en que las cámaras legislativas se conviertan en el contrapeso imprescindible para el sostenimiento de la democracia y las libertades públicas.

El conteo

El cómputo de más del 40 por ciento de los resultados de las elecciones evidencia que el PLD perderá el control casi absoluto que mantuvo de las cámaras legislativas durante más de una década.

De acuerdo a los resultados preliminares ofrecidos por la Junta Central Electoral (JCE), el PRM obtendrá 19 escaños en el Senado de la República, 5 el PLD, 5 el PRSC, mientras que los partidos FP y DXC y BIS, se alzarán con uno cada uno.

Producto de las elecciones presidenciales y congresuales de ayer, el PRM ganó las plazas senatoriales de las provincias Montecristi, Valverde, Puerto Plata, Baoruco, Azua, Pedernales, Espaillat, Peravia, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Santo Domingo, Distrito Nacional, Hato Mayor, El Seibo y La Romana.

El PLD ganó los senadores de San Juan, Elías Piña, Independencia, Barahona y San Pedro de Macorís.

El PRSC obtuvo el triunfo en las provincias La Altagracia, Dajabón, La Vega, Santiago Rodíguez y Hermanas Mirabal.

La FP ganó la senaduría en San Cristóbal, DXC la Santiago y el BIS la de San José de Ocoa.

Años de complicidad

Desde 2006, debido al control del PLD sobre el Senado y la Cámara de Diputados, ambos órganos legislativos se olvidaron de sus funciones y pasaron a jugar un papel de complicidad con el Poder Ejecutivo.

El nivel de complicidad llegó a niveles tan inaceptables que los congresistas aprobaban proyectos de leyes sin leerlos, cuando respondían a los intereses del presidente de la República o a sus intereses particulares.

El daño a la democracia y a la institucionalidad del país se considera incalculable y enmendarlo requiere gran esfuerzo, señalan analistas.