Por Yanet Girón

La madrugada del lunes 8 de abril, se registró una tragedia en Santo Domingo tras el colapso parcial de una estructura dentro del reconocido centro nocturno Jet Set, ubicado en la avenida Independencia. Este hecho dejó varios afectados, entre ellos más de 260 personas heridas y 221 víctimas fatales, según el último informe ofrecido por el COE, aunque la versión oficial definitiva sobre los daños y pérdidas humanas habrá que esperar a que concluyan las tareas de rescate.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el local donde actualmente opera Jet Set habría sido originalmente el Cine El Portal, construido a finales de los años 70, dentro del primer centro comercial del mismo nombre fabricado en la zona, por la constructora Armenteros. Se alega que este cine fue duramente afectado por la crisis económica que golpeó al país tras el paso del huracán David y la tormenta Federico en 1979, lo cual provocó su cierre definitivo.

Supuestamente, años después, el espacio fue adquirido por los propietarios de la discoteca Jet Set, quienes, según se comenta, perdieron una litis relacionada con los terrenos que ocupaban anteriormente, al lado del edificio de las Coca-Cola en la misma avenida.

En febrero de 1973, doña Grecia López fundó la discoteca Jet Set como un restaurante-bar. Con los años, el establecimiento se consolidó como uno de los principales centros de entretenimiento nocturno de la capital. A partir del año 2000, la administración pasó a manos de su hijo, el empresario Antonio Espaillat, también propietario de la cadena de medios RCC Media. Bajo su dirección, Jet Set se mantuvo como una marca de referencia en el ambiente nocturno del país, ocupando eventualmente las instalaciones del antiguo Cine El Portal.

Se presume que la estructura del antiguo cine fue remodelada para adaptarla al uso de discoteca, aprovechando su diseño original de techo alto y amplio espacio interior. Sin embargo, no hay constancia pública de si dichas intervenciones fueron supervisadas técnicamente ni si se han realizado revisiones estructurales en los últimos años. Y si el sobre cielo construido para adaptar las luces y sonidos contó con la debida supervisión oficial de las instituciones correspondientes.

Diversas fuentes en la comunidad han manifestado preocupaciones sobre el estado del edificio, y algunos vecinos alegan que ya existían señales de deterioro visibles en ciertas áreas del local. Sumados a las quejas constantes por los altos decibeles del sonido, cuyas vibraciones también pudieron haber afectado la estructura colapsada. No obstante, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

Las causas del colapso aún están bajo investigación, y se espera que las autoridades emitan un informe técnico que aclare lo sucedido. Mientras tanto, se ha intensificado el debate sobre la seguridad de estructuras antiguas y la importancia de su inspección periódica, especialmente en lugares de alta concurrencia.

Como consecuencia directa del evento, el sistema forense nacional enfrenta una presión sin precedentes. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) ha visto desbordada su capacidad operativa, albergando cuerpos aún sin identificar y en avanzado estado de deterioro, lo que ha obligado a implementar pruebas especializadas para lograr su reconocimiento. El proceso ha generado un ambiente de tensión e incertidumbre entre familiares que permanecen a las afueras de las instalaciones, aguardando noticias definitivas sobre sus seres queridos.

En el mismo orden, las autoridades correspondientes informaron que los cadáveres serán entregados hasta las 2:00 PM a los familiares correspondientes, resaltando que el proceso es complicado por la cantidad de fallecidos en el lugar.

Pese a los esfuerzos institucionales por acelerar los procedimientos, el volumen de víctimas y la saturación de espacios han dificultado los avances. La situación ha puesto en evidencia la fragilidad del aparato técnico disponible para afrontar emergencias de gran magnitud, generando cuestionamientos sobre la preparación del Estado ante eventos de esta envergadura. En medio del duelo colectivo, decenas de familias siguen esperando poder cerrar este doloroso capítulo con la dignidad que merecen quienes perdieron la vida.

En respuesta a la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, el presidente Luis Abinader decretó tres días adicionales de luto oficial, ampliando el periodo de duelo nacional para honrar a las víctimas. El duelo comenzó el 9 de abril, extendiéndose hasta el 11 del mismo mes, y fue renovado mediante el Decreto núm. 195-25, que fijó nuevas fechas hasta el 14 de abril. La medida, formalizada en el artículo 1 del mencionado decreto, dispuso que la bandera nacional ondeara a media asta en todos los edificios públicos y recintos militares del país, como muestra de respeto y solidaridad con los afectados. Esta acción resalta no solo el compromiso del gobierno con las familias de las víctimas, sino también la necesidad de la unidad nacional en momentos de crisis, brindando así un espacio para la reflexión y el duelo colectivo. La extensión del luto subraya la magnitud del impacto de la tragedia y la importancia de acompañar a la nación en su dolor.

Ante la conmoción generada por el colapso del techo en la discoteca Jet Set, el vocero de la Presidencia de la República Dominicana anunció que el Poder Ejecutivo ordenará un estudio técnico exhaustivo sobre el siniestro, bajo lineamientos de apertura total y con apego a protocolos internacionales de investigación estructural.

Según informó el funcionario, el gobierno no solo busca esclarecer las causas inmediatas del accidente, sino establecer un precedente institucional sobre cómo deben abordarse este tipo de eventos en el país. La investigación, recalcó, será llevada a cabo con total independencia por parte de los equipos técnicos y forenses involucrados, sin interferencia política ni mediática.

«Este proceso estará guiado por estándares globales en materia de peritaje estructural y forense. Las autoridades competentes actuarán con la autonomía necesaria para garantizar resultados confiables, verificables y libres de toda presión», afirmó el vocero.

Aunque no se ofrecieron detalles sobre el equipo técnico seleccionado, fuentes extraoficiales señalan que el gobierno estaría en conversaciones con organismos internacionales y universidades con experiencia en análisis post-colapso para acompañar la investigación.

Este anuncio marca un giro discursivo en la postura del Ejecutivo, al priorizar la transparencia técnica como eje de respuesta ante una tragedia que no solo dejó víctimas mortales, sino también cuestionamientos profundos sobre las condiciones estructurales y la regulación de los espacios públicos de entretenimiento.

El país ahora observa con lupa los próximos pasos: no solo se espera justicia para las víctimas, sino también un informe que pueda devolverle al ciudadano común la confianza en sus propias edificaciones.

Luego del colapso del techo en la discoteca Jet Set, las autoridades dominicanas activaron un plan de gestión urgente para responder a la alta demanda de autopsias vinculadas a esta tragedia. Por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, y tras una reunión encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, con la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Patología Forense, se establecieron medidas concretas para agilizar los procedimientos forenses.

El plan, coordinado entre el Ministerio Público y el Ministerio de Salud Pública, incluyó la contratación temporal de 12 patólogos forenses, además de personal técnico de apoyo, con el propósito de reforzar la capacidad operativa del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y del Instituto Nacional de Patología Forense.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, lideran esta respuesta interinstitucional, subrayando que la finalidad es cumplir con el proceso legal que requiere cada caso mediante autopsias completas, realizadas con el debido rigor técnico y científico. Hasta la tarde del jueves, según cifras oficiales, se habían practicado un total de 123 autopsias, reflejando el esfuerzo concentrado de las instituciones por responder con eficiencia y sensibilidad ante una situación de alto impacto social