El Gobierno de Donald Trump afirmó este martes que no remitirá a un juez federal detalles sobre dos de los vuelos en los que el sábado se deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador, al considerar que la Administración no vulneró la orden que ese mismo magistrado emitió para que se los devolviera a territorio estadounidense.

Pese a la orden del juez James Boasberg, del Distrito de Columbia, un total de tres vuelos aterrizaron en El Salvador y entregaron a unos 200 venezolanos -que el Gobierno de EE.UU. asegura que son miembros de la banda criminal Tren de Aragua- a las autoridades locales, que aceptaron encarcelarlos.

Para el operativo, Trump invocó la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial y que permite la expulsión de personas sin ciudadanía estadounidense, sin vista judicial previa.