El Ministerio Público , a través de la Operación Guepardo, develó un supuesto esquema de estafa liderado por los imputados Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, utilizando la empresa fachada Novasco Real Estate S.R.L. Los acusados ofrecieron proyectos como La Romana Victoriana Residences y Bávaro Victoriana Residences, los cuales nunca se materializaron.
Contra la alegada estafa se han querellado hasta ahora 122 personas, además del Estado dominicano, identificados como víctimas. El daño económico contra estas personas alcanzaría al menos los 18 millones de dólares.
Asimismo, figuran 24 ciudadanos estadounidenses, de los cuales dos son puertorriqueños, cuatro canadienses. También se cuenta dos suizos y dos alemanes entre las víctimas. Las investigaciones han señalado que este esquema no solo afectó a personas dentro del país, sino también a la diáspora dominicana y a extranjeros confiados en la reputación de la marca RE/MAX One.
A los investigados se les solicita 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción para Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, las dos mujeres detenidas. El órgano persecutor también pide a la Oficina de Atención Permanente de la provincia La Romana, declarar el caso complejo.
El relato fáctico
Según los documentos judiciales, estos proyectos eran promocionados como desarrollos de lujo con precios atractivos, utilizando plataformas como RE/MAX ONE RD para ganar credibilidad. Las campañas incluyeron anuncios en redes sociales, presentaciones virtuales y eventos presenciales, como un «primer picazo» en terrenos vacíos, destinados únicamente a simular progreso.
Las investigaciones habrían revelado que los imputados, liderados por Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Loany Lismeiry Ortiz Nova, se sirvieron de las redes sociales, folletos y reuniones virtuales para atraer a potenciales compradores, quienes transfirieron altas sumas de dinero bajo la promesa de recibir viviendas en un plazo específico. Sin embargo, los inmuebles nunca fueron entregados, y en algunos casos los terrenos ni siquiera eran propiedad de la empresa.
Extranjeros se han querellado contra las personas involucrados en la supuesta estafa electrónica en el sector inmobiliario.
Sin permisos
La investigación, de acuerdo con el documento de solicitud de medida de coerción, destaca que los terrenos utilizados para la promoción nunca contaron con los permisos necesarios del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) ni del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo, las propiedades eran ofertadas por valores inferiores a su precio de mercado. Por ejemplo, unidades de 40 metros cuadrados fueron promocionadas en 34,000 dólares, aunque el valor real rondaba los 74,000 dólares.
Los imputados alegadamente establecieron contratos falsos de compra y venta, presentando terrenos inexistentes o no aptos para construcción. Las reuniones virtuales dirigidas por Rocío del Alba Rodríguez de Moya dejaban «impresionados» a los posibles compradores, quienes confiaban en la apariencia de profesionalismo del proyecto. Este esquema habría afectado a unas 122 personas nacionales y extranjeras.