Avanza la rehabilitación del puente de la 17, pero las indemnizaciones a desalojados generan nuevas controversias

Santo Domingo.– A casi dos años de iniciados los trabajos de rehabilitación del puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido popularmente como el puente de la 17, la obra presenta avances significativos en su estructura. Sin embargo, el proceso de desalojo de las familias que durante años ocuparon los alrededores del viaducto ha abierto un nuevo foco de tensión por las compensaciones económicas que, según los afectados, resultan insuficientes para garantizar una reubicación digna.

En el lugar ya son visibles los andamios metálicos que rodean gran parte de la estructura, mientras brigadas trabajan en el reemplazo y reforzamiento de componentes esenciales del puente, considerado una de las principales conexiones entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Como parte de las labores, las autoridades emprendieron el retiro de las viviendas construidas debajo del viaducto, alegando razones de seguridad y la necesidad de liberar completamente el área para facilitar la intervención.

En la margen correspondiente a Santo Domingo Este el proceso de desalojo concluyó y todas las familias fueron retiradas. No obstante, en el lado del Distrito Nacional todavía permanecen unas 15 viviendas cuyos ocupantes aún no han abandonado el lugar debido a desacuerdos con el monto de las indemnizaciones ofrecidas.

Los residentes aseguran que recibieron compensaciones que oscilaron entre 80,000 y 200,000 pesos, cifras que califican de insuficientes frente al alto costo de los terrenos y las viviendas en la capital.

«Con ese dinero no se compra ni un solar», expresaron algunos de los afectados, quienes sostienen que las evaluaciones realizadas por las autoridades no reflejan el verdadero valor de las construcciones ni los años que llevaban residiendo en la zona.

El conflicto pone sobre la mesa un aspecto recurrente en las grandes obras de infraestructura del país: el equilibrio entre el interés público y la protección de los derechos de las familias impactadas por proyectos estatales.

Especialistas en planificación urbana consideran que, además de garantizar la ejecución de obras estratégicas, el Estado debe desarrollar procesos de reasentamiento transparentes, con tasaciones independientes y mecanismos de diálogo que reduzcan los conflictos sociales.

Mientras tanto, los trabajos de rehabilitación continúan avanzando. La intervención busca prolongar la vida útil del puente mediante el reforzamiento de su estructura metálica, la sustitución de piezas deterioradas y otras mejoras orientadas a garantizar la seguridad de los miles de vehículos que diariamente utilizan esta importante vía de comunicación.

No obstante, el componente social del proyecto continúa siendo uno de sus mayores desafíos. Para las familias que aún permanecen en el lugar, el reclamo no es impedir la obra, sino obtener una compensación que les permita reconstruir su vida en otro espacio sin quedar en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Con la rehabilitación en marcha y parte de los desalojos aún sin resolverse, el puente de la 17 se convierte en un caso que evidencia cómo las grandes inversiones en infraestructura no solo requieren soluciones técnicas, sino también respuestas efectivas a las demandas sociales de quienes resultan directamente afectados por su ejecución.