El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, indicó que las propuestas para permitir el retiro parcial del dinero depositado en los fondos de pensiones es una propuesta “desafortunada” e “improcedente”.

“Expreso mi oposición personal, y en calidad de Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria, a las referidas iniciativas legislativas por las consecuencias negativas y perversas que derivarían sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimiento económico. De ser acogidas, estaríamos como nación propiciando convertir una crisis sanitaria de carácter transitorio en una crisis económica y financiera de carácter más permanente que requeriría años revertir”, dijo a través de un comunicado.

Aseguró que las propuestas legislativas planteadas son “inviables y contrarias a los intereses de los trabajadores, ya que el único resultado que lograrían sería un retroceso a un escenario de crisis similar a la del año 2003, que generó un costo para el país en torno al 20% del producto interno bruto”.

Valdez Albizu señaló a través de un comunicado que permitir la liberación descontrolada de una porción importante de dinero, unos 173,000 millones de pesos, generaría un exceso de demanda de bienes y servicios en la economía que, en el contexto actual, provocaría un incremento generalizado de los precios, de manera que la medida, en lugar de beneficiar, lesionaría la capacidad de compra de los ciudadanos.

“Altos niveles de inflación reducirían el poder adquisitivo de las personas, por la pérdida de valor de sus ingresos y ahorros, deteriorando significativamente su capacidad de consumo y afectando de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos, incrementando así los niveles de pobreza.”, dijo el gobernador a través de un comunicado.

Pero los efectos no se quedarían allí. Valdez Albizu señala en el documento que ese eventual proceso inflacionario y de mayor incertidumbre en los agentes económicos, “se traspasaría al mercado de divisas a través de un exceso de demanda de moneda extranjera, ocasionando una depreciación desproporcionada del tipo de cambio y fuga de capitales de la economía”, en momentos en que se ha registrado una caída en el nivel de ingresos en dólares.

La mayor parte del dinero que han aportado los trabajadores y las empresas a los fondos de pensiones ha sido invertido por las AFP en títulos de deuda pública, de manera que para entregar una porción a los trabajadores habría que realizar una operación de recompra anticipada de esa deuda por parte del Ministerio de Hacienda, obligando al gobierno a devolver un dinero que podría ser dirigido a financiar la emergencia actual.

“Una medida como ésta ocasionaría el desvío cuantioso de recursos públicos en un momento en que el gobierno más los requiere para destinarlos de manera focalizada en auxilio de los más afectados por las medidas impuestas para la contención de la pandemia”, dijo el gobernador.

En otro escenario, afirma Valdez Albizu, para obtener la liquidez requerida a fin de devolver recursos a los afiliados por el 30% de los fondos de pensiones, las AFP se verían obligadas a realizar una venta forzosa y masiva de títulos en el mercado de valores local y tendrían que liquidarlos a precios menores, ocasionando pérdidas de valor de estos títulos y, consecuentemente, incrementos en sus rendimientos y en los niveles de tasas de interés activas y pasivas del sistema financiero.

“De ocurrir una situación como la señalada, se agregarían mayores cargas financieras a hogares, quiebras masivas de empresas y aumento del desempleo, imposibilitando la reactivación de la economía, una vez se superen los puntos críticos de la crisis sanitaria”, dijo.

El gobernador presentó un ejemplo práctico para precisar el impacto negativo de estas propuestas sobre la capacidad futura de los trabajadores afiliados.

“A fin de acceder a una pensión por vejez, los afiliados necesitan acumular 60 años de edad y 360 cotizaciones mensuales (30 años) (…) En el caso de un afiliado que en la actualidad acumule 180 cotizaciones (15 años), si éste retira anticipadamente el 30% del saldo de su cuenta de capitalización individual, al final de los 30 años verá disminuido su ahorro acumulado en torno a un 25%, reducción que se reflejaría íntegramente en el monto de su pensión. En caso de que desee alcanzar el saldo acumulado que hubiese tenido, de no haber retirado sus recursos anticipadamente, el afiliado tendría que permanecer trabajando de 2 y 4 años adicionales, lo que extendería su edad de retiro”, explicó.

Valdez Albizu dijo que otra propuesta, la de Ito Bisonó, que sugiere que el Banco Central sea garante de un fondo especial con cargo al cual las entidades de intermediación financiera entregarían a los trabajadores el equivalente de hasta el 25% del saldo acumulado en sus cuentas de capitalización individual, es carente de fundamento.

Recordó que el Artículo 15 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 establece que el Banco Central tiene prohibido otorgar financiamientos que conlleven algún tipo de subsidio; y dispone de manera explícita que nunca podrá garantizar obligaciones de otros, ni tampoco dar aval, ni ningún tipo de garantía personal, ni asumir solidaridad alguna por obligaciones de terceros.

“Esta alternativa desafortunada entra en contradicción directa con las disposiciones de la Constitución de la República y de la Ley Monetaria Financiera, y se encuentra completamente divorciada del marco legal que rige el accionar del Banco Central de la República Dominicana”, dijo el gobernador a través de un comunicado.

Añadió que la aprobación de proyectos de ley como los que han sido sometidos en las cámaras legislativas, atentan “directamente contra la estabilidad macroeconómica y el bienestar presente y futuro de la sociedad dominicana”.