Por Abril Peña

La tragedia de la discoteca Jet Set dejó más que escombros: dejó huérfanos, discapacitados, viudas y viudos, familias enteras rotas. Pero también dejó en evidencia la fragilidad de nuestras instituciones y de nuestro contrato social.

136 niños han sido identificados como huérfanos tras el colapso del techo el pasado 8 de abril. Al menos 19 de ellos perdieron a ambos padres. Cuatro hermanos de una misma familia quedaron completamente solos. ¿Qué respuesta estamos dando como Estado, como sociedad? ¿Quién se encarga de velar por sus derechos si no lo hacemos nosotros?

Muchos cuestionan las propuestas de ayuda económica, escolar y de salud que han surgido desde el Congreso y el gobierno. Particularmente, las iniciativas impulsadas por el senador Omar Fernández, que incluyen la exoneración del impuesto de sucesión, becas, acceso a pensiones solidarias y apoyo jurídico especializado. Sin embargo, esos cuestionamientos ignoran una verdad elemental: la Constitución dominicana obliga al Estado a garantizar los derechos fundamentales, incluso cuando el daño proviene de la negligencia de un tercero.

La responsabilidad civil puede ser individual, pero la protección de la dignidad humana es colectiva.

Además, no hay que ser jurista para entender que este será un caso jurídicamente complejo. Múltiples demandas civiles, investigaciones por homicidio involuntario, reclamos laborales y de seguros. ¿Qué tan rápido responderá un sistema judicial que ya arrastra mora por años en procesos mucho menos voluminosos?

Por eso es importante la propuesta de Fernández de crear una unidad especial en la Suprema Corte para garantizar atención prioritaria a las víctimas. No se trata de privilegios, se trata de justicia restaurativa.

Mientras tanto, hay más de 400 personas en riesgo de perder su seguro de salud porque su cobertura estaba ligada a un familiar fallecido. Adultos mayores que dependían económicamente de los hoy ausentes. Personas que han perdido extremidades o la capacidad de trabajar. Algunos recibirán sillas de ruedas y muletas gracias al Conadis, otros están comenzando el proceso para recibir prótesis personalizadas donadas por el ITLA mediante tecnología 3D. Pero eso no basta.

¿Quién garantizará la reinserción social y productiva de los sobrevivientes? ¿Quién acompañará a las familias durante el proceso judicial que se avecina? ¿Quién transformará el dolor en reparación?

Esta no es una discusión sobre limosnas ni asistencialismo. Es una discusión sobre derechos, sobre cómo reacciona un Estado ante una crisis humana de gran magnitud. Es una discusión sobre el valor que le damos a la vida de los nuestros.

La memoria de los muertos no puede quedar sepultada bajo los escombros del populismo, la crítica superficial o la indiferencia burocrática.

Si este país aspira a ser más justo, esta es la prueba. Y por ahora, la estamos observando todos.