La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) consideró que resulta poco estratégico gravar a una población ya diezmada por la crisis sanitaria

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) consideró que resulta poco estratégico gravar a una población ya diezmada por la crisis sanitaria, con más impuestos, como ha propuesto el Gobierno a través del proyecto de Presupuesto General del Estado.

Señalan que a juzgar por la cantidad de figuras impositivas que contempla el proyecto de presupuesto 2021 presentado por el Poder Ejecutivo, parecería una reforma tributaria solapada.

La entidad empresarial afirma que en las actuales circunstancias que vive la nación, a causa de la pandemia de coronavirus y covid-19, sería poco estratégico aplicar más cargas impositivas a la población.

Asimismo, estima que representa un gran desafío en términos de los ingresos contemplados a partir de la aspiración de un crecimiento del 5 % el próximo año 2021.

Déficit fiscal

Con relación al déficit fiscal del Gobierno, Leonel Castellanos Duarte, presidente de la ANEIH, dijo que  esa entidad le parece muy optimista que se logren altos niveles de recaudaciones en las actuales condiciones de incertidumbre por una pandemia que no se sabe cuando finalizará.

Subraya que limitar el déficit fiscal del Gobierno central a tan solo el 3 % del PIB, sería una camisa de fuerza que habría que evaluar si es “razonable, obligatoria, flexible”.

“De hecho, si el déficit pudiese subir al 3.5 % en vez del 3 % del PIB, esto liberaría RD$24,511 millones entonces no sería necesario introducir las figuras que gravan e impactan negativamente a la población ”, agregó.

Según el dirigente empresarial, los ingresos proyectados para el 2021 de RD$746,000 millones representan RD$136,000 millones adicionales a los que se alcanzarí este año, y en ese orden no existe la garantía de que la recuperación económica en los próximos meses será a los niveles que se aspiran para suponer que el comportamiento de la economía sería igual al ejercido durante el primer trimestre de 2020.

Añadió que con dicha proyección de ingresos (746,000 millones) el Gobierno tiene previsto un déficit fiscal de RD$145,000 millones, ya que su proyección de gastos es de alrededor de RD$891,000 millones, a los cuales se agregan vencimientos de deuda por el orden de los RD$146,000 millones, para un Presupuesto General de la Nación de RD$1 billón 37,000 millones.

“Se necesita tener mayores detalles para entender los elementos de estas reducciones, ya que, si bien de un lado queremos reducción de los gastos ostentosos, innecesarios y suntuarios, tampoco tenemos que tener recortes que pongan en jaque la proyectada recuperación económica de un 5 %”, enfatizó Castellanos Duarte.

Cuestionó que la reforma contenida en el Presupuesto no fue socializada ni compartida con los sectores y agentes económicos.

Resaltó en ese sentido, que si no se logra la meta de recaudación estimada, el déficit fiscal aumentaría más de lo previsto, por lo que debería hacerse una revisión en el gasto corriente y reorientación de algunas partidas en el gasto de capital, que generen mayor impacto en el empleo y el consumo.

Plantea la entidad que se debe “continuar con ajustes en la nómina estatal, eliminación de privilegios y seguir mejorando la eficiencia del Estado”.

Apuntaló necesario, además, revisar los montos y calendarización de ejecución de ciertas obras, para que el gasto de
capital tenga mejor impacto sobre la recuperación de los empleos y el soporte al crecimiento económico.

“En suma, entendemos que el esfuerzo se podrá centrar en viabilizar reasignaciones inteligentes del gasto público, que incluyan eliminaciones de gastos supérfluos, reducción de filtraciones en los sistemas de transferencias y subsidios y el combate a la corrupción en las compras públicas, ya que en la región estas ineficiencias del gasto público representan en promedio al 4,4 % del PIB regional”, enfatizó.

Precisó en este periodo de post-pandemia será importante extraer lecciones aprendidas de la actual pandemia, de manera de fortalecer los sistemas de gestión financiera pública, de compras y de transparencia fiscal que permitan detectar no solo la pobreza sino la informalidad, ayudando a reducir la evasión y a focalizar los programas sociales.

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