Miles de familias son desalojadas en Brasil durante pandemia

SAO PAULO. — Jussara de Jesús nunca pensó que su familia viviría en una choza.

Pero el trabajo como estilista se esfumó después de que el nuevo coronavirus llegara a la metrópoli brasileña de Sao Paulo. No pudo pagar los 150 dólares al mes de alquiler de la pequeña casa donde vivía con sus tres hijos. Hace tres meses fueron desalojados.

Se mudaron a Jardim Julieta, una de las favelas más nuevas de Brasil. Con más de 800 chozas de madera y plástico, ya hay varios miles de personas que viven en lo que antes era un estacionamiento para camiones en una de las zonas más pobres de la ciudad.

“Ni siquiera teníamos los medios para construir la choza. Vinimos con algunas láminas de plástico”, dijo De Jesús.

El creciente número de desalojos generados por la pandemia de COVID-19 en Brasil está empeorando un problema de vivienda que de antemano era grave en el país. Antes de la pandemia, las autoridades locales contabilizaban más de 200.000 familias que esperaban una vivienda adecuada en Sao Paulo, una ciudad de 12 millones de habitantes.

El grupo de derechos humanos LabCidade calcula que más de 2.000 familias han perdido sus casas en el estado de Sao Paulo desde marzo, y que otras 1.000 enfrentan el mismo riesgo en las próximas semanas. Es una cifra alta para un estado con 46 millones de residentes, aproximadamente la misma población que España.

Raquel Rolnik, relatora especial sobre vivienda adecuada de las Naciones Unidas y coordinadora de LabCidade, dice que se han producido desalojos similares en todo Brasil.

“Pronto veremos mucha más gente en las calles”, dijo Rolnik a The Associated Press por teléfono. “No hay una política pública para manejar estos casos”.

Desde que la primera oleada de 35 residentes construyó chozas en Jardim Julieta a mediados de marzo, otras 765 familias se unieron y 200 están en fila. La mayoría fueron desalojadas de sus casas durante la pandemia de coronavirus, en un momento en que las autoridades locales dijeron que debían quedarse en sus casas.

Los jueces, los alcaldes, y los agentes inmobiliarios y propietarios, a menudo han ignorado los alegatos de suspensión del alquiler debido al virus, a pesar de las peticiones de los fiscales y de grupos de derechos humanos. El Congreso aprobó un proyecto de ley para abordar el tema en junio, pero fue vetado por el presidente Jair Bolsonaro. Ni siquiera mudarse a una favela asegura que los residentes tendrán refugio por ahora, ya que la policía todavía puede forzarlos a salir.

El estado de Sao Paulo es el epicentro de la pandemia en Brasil, con más de 20.000 muertes de las 82.000 que tiene el país.

Karina Valdo, de 38 años, limpiaba hospitales antes de quedar embarazada de su tercer hijo, que ahora tiene ocho meses. Ella y su esposo dependían del trabajo al día para sobrevivir, pero aun así lograban pagar su alquiler de 120 dólares. Cuando el virus atacó, vendió muchos de sus electrodomésticos para mantener su casa de una habitación. Pero eso no fue suficiente para convencer a su casero de que suspendiera sus pagos.

“Si no pagas, te vas a la calle”, dijo.

De Jesús, Valdo y sus vecinos, que a menudo comparten las comidas sin tener en cuenta el distanciamiento social, están constantemente preocupados por la policía. Los oficiales les han dicho recientemente que deben irse antes del 8 de agosto. Fiscales y activistas están tratando de bloquear eso en la corte.

Muchos residentes de Jardim Julieta fueron desalojados de otra favela que fue desmantelada por la policía el 16 de junio después de la decisión de un juez de devolver el terreno a su propietario. El ayuntamiento de Sao Paulo dijo que ofrecía refugio a los cientos de familias afectadas en la zona este de la ciudad.

Cerca de 30.000 familias reciben un subsidio de 80 dólares de la ciudad de Sao Paulo para el alquiler, pero los expertos consideran que esa cantidad es demasiado pequeña. El gobierno de Brasil ha recortado la inversión federal en programas de vivienda.

Francisco Comaru, profesor de planificación urbana de la universidad UFABC, dijo que la ciudad de São Bernardo do Campo, en las afueras de Sao Paulo, ha sido una de las más agresivas en materia de desalojos. Decenas de ellos han sido realizados por medio de decisiones administrativas, sin intervención judicial.

“Las autoridades están haciendo exactamente lo contrario de lo que deberían hacer ahora”, añadió Comaru. “Es como si no entendieran por lo que estamos pasando”.

Valdo dijo que espera la decisión de un juez para detener los desalojos de Jardim Julieta. Dijo que tiene más miedo de que la vuelvan a echar con sus tres hijos que de contraer el coronavirus.

“Para el gobierno, la gente como nosotros es sólo polvo”, dijo. “No existimos”.

AP

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