Por: José Francisco Peña Guaba

El Gobierno del Cambio en pocos días cumplirá su primer año en el tren gubernamental, podemos evaluar de todas las maneras y formas posibles los resultados de esta gestión, unos u otros con su particular visión examinarán los éxitos y/o los errores, lo que nadie podrá negar es la demostrada y reiterada coherencia del presidente Luis Abinader.

El mandatario desde la campaña estableció con claridad meridiana tres objetivos, los cuáles ha cumplido a cabalidad, la primera, su compromiso con la lucha, combate y persecución contra la corrupcion administrativa; segundo, la independencia del Ministerio Público y las Altas Cortes; y tercero, la celosa vigilancia del comportamiento de sus funcionarios, innegable es el hecho de haber cumplido hasta ahora esas tres promesas realizadas en campaña por el hoy Jefe de Estado.

Nunca nos imaginamos que Luis Abinader manifestaría tanta coherencia en su accionar al frente de la función pública, acostumbrados los ciudadanos a la adaptación al juego del “status quo”, creíamos que el actual presidente caería rendido ante las prácticas ancestrales de la impunidad y permisividad, que han acompañado a la casi totalidad de los gobernantes que hemos tenido, tal vez, porque moldearse a la realidad fuere lo más práctico ante el comportamiento idiosincratico del dominicano.

Lo que ha sorprendido a una gran parte de la sociedad es la determinación del presidente Abinader en permanecer impertérrito en esa posición, aunque está choque con la historia, con la costumbre, con el natural proceder y con lo realizado hasta ahora como política oficial desde la mansión de Gazcue, esa congruente decisión presidencial ha sido evidenciada por los nombramientos realizados por él, en la Procuraduría General de la República, en la Dirección General de Contrataciones Públicas, e igualmente en la selección de los miembros de la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo y del recién designado Tribunal Superior Electoral.

Hoy no le debe caber la menor duda a nadie que el primer mandatario cree firmemente en la autonomía que deben tener esos organismos como forma de hacer las cosas diferentes, y como respuesta a una gran demanda social, que pedían a gritos que profesionales probos e independientes estuvieran al frente de estás vitales instituciones, para construir una real política de cero tolerancia a la corrupcion y a la impunidad.

Es innegable que con ello el inquilino de la mansión de Gazcue inaugura una nueva etapa en la institucionalización de los organismos de prevención, fiscalización y persecución a la corrupcion y de organización de diáfanos procesos electorales; con ello cumplió el presidente con un reclamo de la clase media, de la sociedad civil, de los popis de la Plaza de la Bandera y de la ciudadanía digital, que se expresa a través de las redes sociales.

Mas sin embargo, todo no es color de rosa, porque el Gobierno del Cambio podría estar pagando un alto precio por la coherencia presidencial, veamos:

1. Las acciones combinadas del Ministerio Público, de la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental tienen a la casi totalidad de los funcionarios tan atemorizados, que aunque han disminuido el nivel de proclividad a cometer hechos punibles, su inacción tiene paralizado la acción eficiente de las mayorías de las instituciones oficiales, ya que el funcionarato público por el temor a cometer errores que los lleven a estar en el “ojo del huracán”, a suerte del monitoreo constante de la sensacionalista redes sociales y de las acciones ejemplarizadoras de las propias instituciones públicas arribas mencionadas.

• Para los que le caben alguna duda, como ha sido la firmeza en esa posición, sobran los ejemplos de funcionarios caídos en desgracia, como por ejemplo los dirigentes nacionales perremeístas, Kimberly Taveras, Leonardo Faña, Plutarco Arias, entre otros, más que han sido despedidos de sus posiciones a través de renuncias obligadas por la falta de respaldo oficial a sus causas particulares.

• Sin embargo, lo que más llama la atención, son lo que actualmente se mantienen sobre las cuerdas, a tres funcionarios claves del actual gobierno: Tony Peña, con el sonado tema de las contrataciones artística, de quién por varios años fue el coordinador-fundador del equipo político del hoy presidente, y también de quién lo sustituyó en dicha posición, Roberto Furcal, quién no ha tenido otra opción que llevar las decisiones de anulación de licitaciones del Ministerio de Educación ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), como forma de probar su correcto proceder al frente de la institución que dirige, y el pedido de sectores de que también sea procesado el Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, por el tema de una supuesta sobreevaluación en la construcción de La Nueva Victoria.

• Que sea el Ministerio Público actual que confirme que connotados perremeístas, y hasta diputados del propio partido oficial están ligados al lavado y narcotráfico, como en los casos de dirigentes de Azua, La Vega y Santiago.

• Las anuladas licitaciones a varias instituciones públicas, lo que ha colocado en situaciones difíciles a sus incumbentes al obligarlos a cumplir con estricta rigurosidad los procedimientos y protocolos establecidos en la Ley de Compras, Contrataciones y Concesiones.

• El convencimiento de que el gobierno ha establecido una verdadera mediocracia, ya que complace los reclamos y toma nota de todo lo que expresa la ciudadanía a través de los medios de comunicación, especialmente por las redes sociales, el no querer sonar de manera alguna hace que los funcionarios mantengan en parálisis la acción gubernamental “por miedo a caer en un gancho o meter la pata”.

• El pedido del propio gobierno a sus funcionarios de que se le respete la permanencia laboral a los empleados de carrera, y que no se desvincule a los otros si no se tiene con que pagar sus prestaciones laborales, tiene a los incumbentes de las instituciones públicas con un quebradero de cabeza ante la presión permanente por empleos de la dirigencia perremeístas, y el no saber que hacer ante esta disyuntiva.

• La autoridad diezmada de los dirigentes locales del partido oficial, que ante los casos de los fuertes llamados de atención desde el Palacio Nacional al senador de Montecristi, y a un diputado de Sánchez Ramírez, los coloca en una situación de debilidad pasmosa en sus localidades.

Como verán todas estas situaciones demuestran que el Gobierno del Cambio estaría pagando un altísimo precio por mantener la coherencia, ya que la voluntad del presidente en hacer valer su palabra empeñada, para realizar un gobierno transparente y donde exista una real independencia de los organismos llamados a garantizarla, le estaría pasando factura al propio gobierno, a sus funcionarios y al PRM.

Al no poderse hablar de antecedentes, porque con su decisión de hacer las cosas muy diferentes a como se hacía antes, el presidente Abinader ha creado nuevos paradigmas, que tiene pensando a toda una sociedad que mira expectante, y a una clase política “sorprendida o atónita” ante la determinante independencia con que actúan los funcionarios de esas delicadas áreas, que cuentan con el apoyo total del presidente, que cree firmemente en la pertinencia de sus decisiones.

En términos éticos, morales e históricos, me luce que el mandatario tiene toda la razón y que su posición un tanto utópica para algunos debiera dar sus frutos hacia el futuro, haciendo cambiar la mentalidad e idiosincracia de los que habitamos en esta media Isla, si lo lograse el presidente Abinader crearía un nuevo estilo de gobernar, que obligaría a los que le sucediesen a actuar de igual manera, para con ello perpetuar su obra.

Lo que no estoy seguro si el tiempo le podrá garantizar el éxito de su cruzada moralizadora, o si la costumbre y tradición del pueblo dominicano no le jugará en contra, afectando el posicionamiento electoral de su partido, que perjudicado por las consecuencias de esa nueva política de transparencia total pueda hacerle perder estima o apoyo popular de los que no les importa su impronta de honestidad, y en consecuencia, prefieran una gestión que pueda presentar logros tangibles, ante una que construya un aleccionador modelo de integridad.

En países como los nuestros, basado en las evidencias de gestiones gubernamentales pasadas, a una parte importante del electorado les importan más las obras de infraestructura, la política clientelar del empleo público a las militancias partidarias, el asistencialismo a los sectores marginados, y los negocios para la insaciable oligarquía, lo que pudiese hacer zozobrar el barco lleno de buena fe e ilusiones de un mejor país que pilotea el presidente Abinader.

Porque si el pragmatismo nueva vez se impone, y en las urnas no se ratifica el apoyo popular a las correctas acciones presidenciales de nada habrá valido tanto esfuerzo por hacer cambiar de manera súbita el alertagado y corrupto burocratismo oficial, porque las victorias lo validan todo hasta aquello que nos parecía imposible pero, las derrotas son huérfanas, y no lo duden no faltarán aquellos que en medio del desconsuelo producto del descalabro electoral le quieran endilgar el fracaso solo y únicamente al presidente Abinader, que en esa posible y difícil situación ¡pagaría un alto precio por su coherencia!