Santo Domingo, República Dominicana.- La Cámara de Comercio y Producción de la provincia La Vega y la Red Dominicana de Comunicadores (REDECOM) solicitaron este jueves al presidente de la República, Luis Abinader, aumentar el presupuesto anual al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) para que esta institución fortalezca su labor en defensa de los derechos de los consumidores.
La presidenta de la Cámara de Comercio, Irlonca Tavárez, pidió al jefe del Estado explicó que se hace necesario fortalecer a Pro Consumidor desde el punto de vista presupuestario y técnico, de manera que pueda seguir cumpliendo su rol de defensa de los consumidores con mayor eficiencia en todo el territorio nacional.
Tavárez reconoció el esfuerzo que viene realizando Pro Consumidor para cumplir con el papel que le asigna la ley 358-05, a pesar de sus limitaciones para poder responder a un mercado de más de 10 millones de consumidores.
De su lado, la Red Dominicana de Comunicadores sostuvo que ante las limitaciones económicas que tiene Pro Consumidor el Gobierno debe otorgarle una partida presupuestal especial para que esa entidad “siga cumpliendo con su responsabilidad para enfrentar estos problemas de bebidas alcohólicas adulteradas, productos en mal estado, vencidos y oxidados que atentan contra la salud de los ciudadanos”.
El presidente de REDECOM, el comunicador y catedrático universitario Ramón Rosario Cocco, indica en una comunicación dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, que se hace necesario aumentar “significativamente el presupuesto asignado a Pro Consumidor para seguir en el combate de estos flagelos que perjudican la vida, la seguridad y la economía de los consumidores”.
“Pro Consumidor es el organismo estatal, sobre el cual recae la gran responsabilidad de velar por la calidad de los productos y servicios que compra y recibe la población”, agregó.
Asimismo, puntualizó que inspeccionar de manera masiva y permanente la comercialización, distribución y consumo de alimentos, bebidas y otros productos que obliga a una gran inversión de recursos económicos y humanos.
“El Estado y sus instituciones deben establecer una fuerte partida presupuestaria para estos fines, al igual que las entidades empresariales junto a las industrias más afectadas de forma directa por la falsificación y adulteración de sus productos y servicios”, advirtió finalmente REDECOM.